Desafíos legales para la industria veterinaria en Chile

El cambio de paradigma: De la clínica médica al proveedor de servicios

Tradicionalmente, la dirección de los centros veterinarios ha centrado su gestión en la excelencia de la praxis médica y el bienestar animal. Sin embargo, ante el marco regulatorio actual, es imperativo reconocer que una clínica es, ante todo, un proveedor de servicios comerciales sujeto a la Ley 19.496.

El SERNAC ha intensificado su vigilancia de oficio para verificar que el cumplimiento de la Ley del Consumidor en las clínicas veterinarias no sea una declaración de intenciones, sino una realidad operativa. En este nuevo escenario, la prevención jurídica deja de ser un gasto administrativo para transformarse en un activo estratégico que garantiza la continuidad del negocio y protege la reputación institucional.

Focos críticos de la fiscalización: Transparencia y asimetría informativa

Las inspecciones recientes revelan que la autoridad pone especial énfasis en la reducción de la brecha informativa entre el profesional y el tutor de la mascota. Para que una clínica sea considerada «en cumplimiento», la gerencia debe auditar dos dimensiones críticas:

1. La arquitectura de precios y presupuestos La normativa exige que el consumidor conozca el valor total de la prestación de manera previa y clara. Esto implica que la clínica no solo debe exhibir un listado de precios actualizado en sus zonas de recepción, sino que debe estandarizar la entrega de presupuestos escritos para cualquier intervención compleja. La falta de claridad en los costos es, hoy por hoy, la principal causa de reclamos que escalan a procesos infraccionales.

2. La validez de los instrumentos contractuales y consentimientos Un error común en la industria es el uso de formularios de ingreso con cláusulas que intentan exonerar de responsabilidad al centro médico ante eventuales complicaciones. Desde una perspectiva técnica, estas disposiciones suelen ser calificadas como abusivas y nulas de pleno derecho. Un contrato mal redactado no solo no protege a la empresa, sino que constituye una prueba de incumplimiento que facilita la imposición de multas.

Impacto estratégico: Más allá de la sanción económica

El riesgo de una fiscalización no se agota en el pago de una multa. Para una empresa del sector salud, el daño más profundo es el reputacional. En un mercado altamente competitivo y sensible, una sanción ratificada por la autoridad actúa como un desincentivo para nuevos clientes y erosiona la confianza acumulada.

La mitigación de estos riesgos requiere una estructura legal que supervise, de forma constante, que cada interacción con el cliente cumpla con los estándares de protección al consumidor. Es aquí donde la integración de una asesoría jurídica recurrente permite a la dirección médica delegar la carga regulatoria y enfocarse en la operación técnica del centro.

En DC Abogadas, entendemos que la gestión diaria de una clínica veterinaria exige foco absoluto en lo clínico, operativo y humano, dejando poco margen para mantenerse al día en materias de derecho del consumo y cumplimiento normativo.

Un estudio jurídico puede acompañarte de manera estratégica para fortalecer tus protocolos, ajustar tus procesos internos y prepararte adecuadamente frente a una eventual fiscalización, con el objetivo de enfrentarla con seguridad, orden y resultados favorables para tu clínica.

Más que reaccionar ante un problema, te ayudamos a anticipar, ordenar la casa y transformar el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva.